EL pasado 13 de junio tuvo lugar en la Fundación
Casa de Ganaderos una mesa redonda sobre el Archivo
de la Corona de Aragón (ACA) organizada por la Unión
Territorial de la Asociación de Archiveros,
Bibliotecarios, Documentalistas y Museólogos (Anabad-Aragón).
En dicha mesa hubo representación de todas las
comunidades españolas que formaron parte de la
antigua Corona de Aragón: Cataluña, Mallorca,
Valencia y Aragón. El objetivo era congregar a los
profesionales que han hecho de los archivos su
vocación y su vida y que, generalmente, no
comparecen en los medios de comunicación.
Los ponentes convocados manifestaron su opinión
sobre la situación actual del ACA y sobre su futuro;
la representante catalana realizó una exposición
histórica del ACA, que fue contestada por varios de
los contertulios. Los representantes de Mallorca y
Valencia manifestaron su preocupación sobre el
futuro del Archivo, teniendo en cuenta lo que recoge
el Estatut aprobado en referéndum el pasado 18 de
junio en su disposición adicional decimotercera,
«Fondos propios y comunes con otros territorios»:
«Los fondos propios de Cataluña situados en el
Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real
de Barcelona se integran en el sistema de archivos
de Cataluña. Para la gestión eficaz del resto de
fondos comunes con otros territorios de la Corona de
Aragón, la Generalitat debe colaborar con el
Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, con
las demás Comunidades Autónomas que tienen fondos
compartidos en el mismo y con el Estado a través de
los mecanismos que se establezcan de mutuo acuerdo».
La gran preocupación de los profesionales, que se
hizo bien patente en la mesa, se centró en tres
aspectos: ¿cuáles son esos «fondos propios»?,
¿cuáles son el resto de «los fondos comunes con
otros territorios»? y, sobre todo, «el Archivo Real
«de» Barcelona» no es tal, se trata de «el Archivo
Real «en» Barcelona». La representante catalana
afirmó que la redacción de este texto había sido
responsabilidad de los políticos, a lo cual se
respondió: y ¿por qué no pidieron colaboración a los
archiveros?, ¿porque no les interesaba?, ¿porque
realmente querían que pusiera lo que pone y no otra
cosa?
De todo lo que se escuchó se pueden sacar varias
conclusiones que nos deben llevar a pensar muy
seriamente sobre este asunto y que deben ayudar a
los poderes públicos cuando tomen determinadas
decisiones.
En primer lugar hay que tener muy claro qué es y qué
representa el Archivo de la Corona de Aragón para
las comunidades que formaron parte de la misma: una
historia común, un proyecto político compartido
durante siglos, unos documentos que reflejan todo lo
anterior y que en modo alguno deben disgregarse.
Disgregar los fondos del Archivo de la Corona de
Aragón, sobre todo los que llegan hasta el siglo
XVIII (momento en que se promulgan los Decretos de
Nueva Planta), sería como querer reescribir la
historia y eso no es ni ético ni moral.
En segundo lugar, una vez aprobado el Estatut y lo
que ello implica, apoyamos desde Anabad-Aragón a
nuestro Gobierno autónomo y a su presidente, que,
obedeciendo un mandato de las Cortes de Aragón,
plantee un recurso de inconstitucionalidad contra la
citada disposición adicional decimotercera del
Estatut. Tenemos tres meses para llevarlo a cabo;
estaremos atentos a que se presente en este tiempo.
No podemos dejar pasar esta oportunidad y que nos
arrebaten lo que por historia nos pertenece a los
aragoneses. Es de esperar que los gobiernos
autónomos de Valencia y Mallorca hagan lo mismo que
nosotros. No podemos reblar, ahora no.
En tercer lugar, exigir al Gobierno central la
creación ya del patronato que gestione el Archivo de
la Corona; llevamos 20 ó 25 años de retraso. ¿Por
qué los sucesivos gobiernos de Madrid, de un signo o
de otro, no han abordado nunca la creación del
Patronato? De cómo se organice el citado patronato
consúltese a los implicados: a los profesionales y
políticos de las cuatro comunidades afectadas, al
Ministerio de Cultura y a los profesionales que
trabajan día a día en el Archivo de la Corona de
Aragón, archiveros éstos que son funcionarios de la
Administración Central y que a partir de ahora, una
vez aprobado el Estatut, no se sabe de quién van a
depender.
En cuarto lugar, instar a los poderes públicos a que
pidan a los citados profesionales que opinen, que se
manifiesten; son ellos los que mejor saben lo que
conviene a éste y a otros archivos. En quinto lugar,
ser capaces de trasmitir a los gobiernos central y
autonómico la situación de precariedad de medios
económicos y humanos en que se encuentran muchos de
nuestros archivos. Se ha generado un intenso debate
en torno a estos centros en los últimos años; los
profesionales llegamos a la conclusión de que esta
«inesperada fama» que ha llegado a los archivos
deberíamos aprovecharla para recordar a los
políticos que éstos necesitan algo más que ser la
moneda de cambio o el arma arrojadiza en los
rifirrafes políticos; que en los presupuestos
anuales se incluyan partidas importantes para llevar
a los archivos al lugar que merecen. Sólo entonces
creeremos que los políticos tienen un interés
verdadero por los documentos que guardan nuestros
archivos y no un interés de conveniencia.
Desde Anabad-Aragón nos oponemos a la disgregación
de fondos del Archivo de la Corona de Aragón,
estamos por el diálogo y la colaboración, apoyamos a
nuestro Gobierno autónomo al plantear el recurso de
inconstitucionalidad y le recordamos también todo el
trabajo que queda por hacer a favor de nuestros
archivos y de nuestro patrimonio documental, el que
tenemos en Aragón y el que está fuera.
(*) Presidenta de la Unión Territorial Anabad-Aragón