UNIDAD POR LOS BIENES

El litigio de la Franja que enfrenta a Aragón con Cataluña por la negativa del obispado de Lérida a devolver obras de arte expoliadas lleva camino de convertirse en un asunto de confrontación interna entre los partidos políticos aragoneses. Lo peor que podía suceder lleva camino de convertirse en realidad.

El pasado jueves se evidenció esta profunda discrepancia, después de que el presidente de la comunidad, Marcelino Iglesias, no encontrara eco a su petición de consenso en la estrategia a seguir para conseguir el regreso de las obras de arte. La oposición ha visto en los bienes de la Franja una herramienta de desgaste que no va a dudar en utilizar.

No debería extrañarse el socialista de la respuesta de la Cámara. Baste recordar, para comenzar el análisis, que el llamamiento al acuerdo se ha producido demasiado tarde. Si la DGA buscaba unidad, debería haber testado a los partidos cuando decidió iniciar conversaciones con la Generalitat para buscar una salida negociada. Hacerlo ahora, y hacerlo insistiendo en la vía negociada con Cataluña cuando se ha demostrado que una cosa es lo que diga Pasqual Maragall respecto del litigio y otra bien distinta lo que manifiesten otros dirigentes catalanes, es pueril

Desde la propia consejera catalana de Cultura, Caterina Mieras, hasta otros representantes institucionales, como el presidente de la diputación Provincial de Lérida, Isidre Gavín, han manifestado abiertamente sus reticencias, cuando no su negativa, al cumplimiento de la sentencia vaticana que otorga la custodia de las obras reclamadas a las autoridades eclesiásticas aragonesas. ¿Sigue siendo lógico invocar un acuerdo con este galimatías? Acaso lo sea, pero sin llevarse a engaño, calibrando bien el sentido de oportunidad de este pacto.

La actitud al respecto del Gobierno central tampoco ayuda en exceso. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, se mostró esta semana en el Senado excesivamente fría y diplomática con la resolución del conflicto. Es cierto que los acuerdos Estado-Iglesia y la propiedad de los bienes impiden una acción política decidida, pero no lo es menos que a la titular de Cultura le hubiera costado muy poco expresar una opinión con rotundidad ante parlamentarios de toda España. Y ésta, atendiendo a la razón y a la justicia, no podía ser otra que implorar la devolución de las piezas reclamadas.

Mientras el PP recoge firmas en la calle, como herramienta de presión a la Iglesia catalana e, indirectamente, para desgastar al Gobierno de Aragón, y Chunta sigue con su campaña de envío de postales a la Generalitat recordando el patrimonio expoliado, cabe preguntarse si es tarde para recuperar la unidad de acción. Aunque la oposición pueda encontrar justificación para abstraerse de un acuerdo, no parece imposible llegar a un consenso básico. Al contrario. El 23 de abril se acerca en el calendario, y San Jorge ofrece una buena oportunidad para organizar un acto reivindicativo conjunto en el que tanto los municipios directamente afectados como el resto de los aragoneses puedan reclamar con una sola voz aquello que les pertenece.

Tras unos años de enorme tensión por el trasvase del Ebro, el último día de Aragón fue una jornada festiva pero excesivamente fría, apenas reivindicativa. Retomar el pulso de la calle, con los representantes institucionales al frente, en una causa como la que nos ocupa, sería muy necesario para una comunidad que debe hacerse valer. No se trata, como algunos querrían, de demonizar a nadie, y mucho menos a los vecinos catalanes con quienes tantos lazos e intereses nos unen. Pero de ahí a que los partidos y las instituciones no expresen con rotundidad su exigencia de que la Diócesis de Lérida cumpla con los mandatos vaticanos, dista un trecho. Sería además una excelente oportunidad para que la Iglesia aragonesa se volcara definitivamente para demostrar que le preocupa la devolución de las obras. El arzobispo Manuel Ureña, hasta ahora tan desafortunado en esta polémica con declaraciones del estilo "yo no meto las narices donde no me llaman", acabaría por sentirse entonces obligado a acompañar a sus feligreses en la calle por una reclamación justa. Y así ocurriría con el resto de la curia aragonesa, que no ha dudado en participar en movimientos populares que no le afectan tan directamente.

La imagen de división que hoy ofrece Aragón, por justificada que pueda parecer inicialmente por los errores de unos u otros, perjudica la resolución del conflicto a favor de nuestra posición. Sólo la unidad política y social, y ahí no hay duda de que el presidente Iglesias tiene razón, ayudará a decantar la balanza hacia los intereses de Aragón. No será condición suficiente, habida cuenta de la obstinación del obispo Ciuraneta y de sus corifeos de Convergencia i Unió y de otros partidos catalanes, pero sí es necesaria. En esta polémica, no sólo nos jugamos la devolución de unos bienes de valor simbólico y artístico; los políticos también ponen en juego su credibilidad para defender el interés general por encima del de sus respectivos partidos.

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