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Finales del siglo XIX:
Joseph Messeguer i Costa, obispo de Lérida, se
propone crear un fondo de obras de las paroquias
en la capital de la diócesis. Su intención,
según sus propias palabras, es de "establecer un
Museo Católico, donde pienso reunir los objetos
artísticos que puede haber, practicando cuantas
diligencias estén a mi alcance". Messeguer
presiona a los párrocos para que donen los
objetos litúrgicos y obras de arte que no
empleen. Un pequeño grupo podría haber sido
comprado, pero no ha quedado rastro de recibos o
peritaciones, un requisito imprescindible para
que el Vaticano apruebe la venta.
Año 1917
La revista "Esperanza" publica las palabras del
obispado en las que admite expresamente que las
obras están en depósito: "¡Ojalá se decidan los
párrocos y encargados de las parroquias a traer
al museo, en depósito,
los objetos que buenamente puedan!".
2 de septiembre de 1955:
Con la intención de que los límites provinciales
y diocesanos coincidieran, se produjeron
reajustes en las diócesis. A través de un
decreto de la Sagrada Congresgación
Consistorial, 35 parroquias incluidas en los
límites de la parroquia de Huesca se segregaron
de la diócesis leridana.
15 de junio de 1995:
El decreto de la Congregación para los Obispos
"Ilerdensis-Barbastrensis de finium mutatione"
transfiere un total de 111 parroquias de la
diócesis de Lérida a la de Barbastro, que pasa a
llamarse, a partir de entonces, de
Barbastro-Monzón.
29 de junio de 1998
Por mandato de la Congregación para los Obispos,
el Nuncio Apostólico en España, Lajos Kada,
concreta algunos de los modos de proceder ante
las dificultades surgidas por esta segregación.
Entre ellos, señala que "el patrimonio artístico
procedente de las parroquias desmembradas y que
se encuentra actualmente en Lérida está a título
de depósito y no de propiedad, mientras la
diócesis de Lérida no pruebe lo contrario en
cada caso, por lo que, de ser reclamado por sus
legítimos propietarios, debe devolverse".
7 de julio de 1998
El entonces obispo de Lérida, Ramón Malla,
presenta un escrito ante la Nunciatura
Apostólica solicitando la enmieda del Decreto
del 29 de junio de 1998 "en lo que se refiere al
patrimonio artístico". Desestimada esta
"supplicatio" y confirmado el decreto, Lerida
volvió a presentar un nuevo recurso.
30 de octubre de 1998
Se rechaza lo instado por Lérida. La diócesis
catalana volverá recurrir ante el Supremo
Tribunal de la Signatura Apostólica.
23 de abril de 2001
El citado tribunal no admite el recurso del
obispo de Lérida "ni lo admite a debate entre
los jueces, visto que claramente carece de
cualquier fundamento".
19 de mayo de 2001
El obispo de Lérida presenta querella de nulidad
contra este decreto, pero el 30 de mayo renuncia
a esa querella.
19 de junio de 2001
El Nuncio Apostólico, teniendo en cuenta la
resolución del Supremo Tribunal de la Signatura
Apostólica del 30 de octubre del 1998, nombra
una Comisión con el fin de llevar a cabo la
ejecución del decreto del 29 de junio de 1998.
La Comisión se constituye el 17 de septiembre,
compuesta por seis miembros: dos representantes
propuestos por Lérida, otros dos por
Barbastro-Monzón y dos últimos a propuesta de la
Nunciatura Apostólica. Esta Comisión llevó a
cabo 7 reuniones, hasta junio de 2004.
17 de mayo de 2002
El obispo de Lérida presenta una recusación
contra los dos miembros designados por el
Nuncio. Esta recusación se consideró fuera de
plazo, ya que la diócesis debería haberla
presentado en los 10 días de plazo posteriores a
su formación, en lugar de un año después.
26 de agosto de 2002
El obispo de Lérida presenta súplica al Papa
Juan Pablo II contra el decreto del 23 de abril
de 2001, que fue contestada negativamente por la
Santa Sede el 7 de febrero de 2004.
21 de octubre de 2004
La Diócesis de Lérida vuelve a recurrir de nuevo
contra los dos miembros designados por el
Nuncio, esta vez ante el Supremo Tribunal de la
Signatura Apostólica, que desestima el recurso.
10 de enero de 2005
Las dificultades para que la Comisión cumpla su
cometido hacen que, por orden de la Congregación
para los Obispos, el nuncio nombre Ejecutor
-"mediador con plenos poderes"- a Silverio Nieto
Núñez, director del Servicio Jurídico Civil de
la Conferencia Episcopal Española. Este
nombramiento fue también impugnado en
"supplicatio" por el obispo de Lérida. El 28 de
enero, el nuncio desestimó ese "supplicatio",
por lo que el Obispado de Lérida presentó un
recurso jerárquico, que fue desestimado por la
Congregación para los Obispos el 26 de febrero
de 2005.
31 de enero de 2005
El experto designado por Barbastro-Monzón
presenta una relación de los bienes que reclama
a Lérida y sobre los cuales las diócesis no han
logrado ponerse de acuerdo. Son un total de 82
piezas. En este documento se exponen las razones
para su devolución y se responden a las
alegaciones presentadas por Lérida acerca de
estas piezas. El Ejecutor da a Lérida un plazo
de 20 días hábiles para que el experto presente
alegaciones.
21 de febrero de 2005
La diócesis de Lérida expone sus alegaciones,
entre las que defiende la propiedad de las obras
y considera "nulo" el decreto de Lajos Kada de
1998.
7 de abril de 2005
El Ejecutor concede a Barbastro-Monzón diez días
para se manifieste acerca del escrito de Lérida.
La diócesis aragonesa responde que el decreto de
Lajos Kada es cosa juzgada y debe acatarse.
Además, expone sus razones para defender la
titularidad de las piezas.
21 de septiembre de 2005
La Congregación para los Obispos del Vaticano
ordena la devolución en 30 días sin que una
nueva reclamación al Vaticano suspenda la orden
de devolución.
Año 2006
A pesar de que la diócesis de Barbastro-Monzón
ha advertido a Lérida de que la gestión de los
fondos del Museo Diocesano no puede ser
trasladada al "Consorcio del Museo de Lleida,
Diocesano y Comarcal", Cataluña se escuda en
esta circunstancia para quedarse con las obras.
Según expone, la Ley de Patrimonio Cultural de
1993 de la Generalitat catalogó las obras en su
momento y debería descatalogarlas para que
puedan salir del museo. Para salir de este
escollo, cuyo proceso civil podría durar años,
el Gobierno de Aragón y la Generalitat de
Cataluña estudian un acuerdo que mantiene en
vilo a las dos diócesis.
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