Manifestación en Roda de Isábena (Huesca) en protesta
por la imposición del catalán
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Barcelona- Pese a que el nuevo Estatuto de Cataluña todavía
no ha entrado en vigor, el deber de conocer el catalán sí
que parece haberlo hecho. Incluso el de escribirlo. En
Almacelles (Lleida), el Ayuntamiento decidió suspender este
fin de semana la presentación de un libro por no estar
escrito en catalán. La osadía de haberlo redactado en
castellano y en aragonés antiguo, sumada a las presiones de
colectivos nacionalistas, provocó que la concejala de
Cultura comunicara a Amigos de Tamarite que la exposición de
su obra sobre el centenario del canal entre Aragón y
Cataluña debía cancelarse. El anuncio se produjo sólo un día
antes de la celebración del acto, previsto para la mañana
del pasado sábado, y se justificó -únicamente- por el temor
a altercados en plena feria del Agua.
Insatisfecho con las explicaciones de la edil, el
coordinador de la obra, Julián Nadal, telefoneó al
consistorio para hablar con el alcalde, Josep Ibarz (CiU).
Tras media hora de conversación, Nadal comprendió que el
verdadero motivo era no haber escrito en catalán. «No acepto
que nos discriminen por pensar que soy aragonés y hablo
aragonés», comentó este historiador afincado en Tamarite
(Huesca) y miembro de la Facao, una plataforma cultural que
defiende las singularidades de Aragón Oriental y que se
opone a la imposición del catalán en detrimento de sus
históricas lenguas locales (fragatino y cahapurriau, por
ejemplo).
El conflicto lingüístico en esta zona viene de lejos y se
agudizó cuando el presidente de Aragón, el socialista
Marcelino Iglesias, estudió en la pasada legislatura la
posibilidad de hacer el catalán cooficial en la comunidad
autónoma. Lo cierto es que un estudio sociolingüístico
realizado por la Universidad de Zaragoza puso de manifiesto
que la amplia mayoría -un 75 por ciento- de los vecinos de
estas comarcas limítrofes con Cataluña (La Litera, Bajo
Cinca, Ribagorza, Caspe y Matarraña) rechazaban de plano la
cooficialidad del catalán.
Desde 1996, la Facao trata de salvaguardar el patrimonio
cultural de la zona. Esta entidad admite que los padres
están interesados en que su hijos aprendan el catalán,
conscientes de la casi segura posibilidad de que tengan que
estudiar o trabajar en Cataluña. Pero, a la vez, censura el
intento de que su identidad sea engullida a golpe de
talonario -con millonarias subvenciones de la Generalitat-
y, encima, con el visto bueno del Gobierno de Aragón. «Año
tras año, y día tras día, hemos de sufrir numerosas
acometidas para convencernos de que hablamos en catalán, de
que somos de cultura e identidad catalana, de que
pertenecemos a esos inventos como los Països Catalans»,
lamenta el presidente de la Facao, Ángel Hernández, quien
observa en la cuestión idiomática un «caballo de Troya» para
expandir su pancatalanismo.
El Casal Jaume I de Fraga (Huesca) y la Institución
Cultural de la Franja de Ponent son buenos ejemplos del
patrocinio de la administración catalana. La última de ellas
visitó escuelas de las comarcas orientales de Aragón,
promoviendo la lengua catalana y dando a conocer el
«Acampallengua». Es habitual ver sus actos trufados de
banderas independentistas y de referencias a los «Països
Catalans».
El conflicto lingüístico también ha alcanzado la
enseñanza. En el pasado curso, el colegio público del
municipio oscense de Benabarre permitió que una profesora de
música diera sus clases en catalán. Un alumno lo explicó en
casa. La madre -que prefiere mantener su nombre en el
anonimato- tuvo que acudir a la dirección provincial de
Enseñanza para que un inspector comprobara que el libro de
la materia estaba escrito en catalán. Se retiró el texto,
pero la maestra siguió con sus lecciones en catalán.
Son muestras de una polémica poco conocida. Entre los
vecinos de Aragón Oriental existe la sensación de que se
trata de introducir el catalán con calzador y de que se
menosprecian sus lenguas locales. Amigos de Tamarite tendrá
que conformarse, por tanto, con presentar su obra otro día.
