El asunto de los bienes de la Franja se está convirtiendo en una historia interminable. Cuando parece que el contencioso se va resolviendo, siempre surge una declaración, una iniciativa o un nuevo recurso que vuelve a liarlo todo. El último capítulo ha sido el protagonizado por el Parlamento catalán con la moción, aprobada por unanimidad, para evitar la salida de Cataluña de los bienes de la Franja.

El Parlament ha demostrado desconocer, si no despreciar, las legítimas aspiraciones aragonesas, no es así como se demuestra el compromiso solidario de Cataluña con el resto de España. No es razonable que se apruebe esa moción después de meses de discusiones y acuerdos en los que el gobierno aragonés se ha mostrado más que comprensivo con el catalán. Tampoco desde el punto de vista estratégico se entiende una posición de este tipo, la Generalitat no puede vernos más que como posibles aliados y, en estos momentos, no es aliados lo que le sobra.

La iniciativa catalana ha provocado un rechazo unánime en Aragón y ha agotado el crédito que para algunos tenía la Generalitat, pero no tiene mucho sentido abandonar temporalmente el proyecto de la Eurorregión, de no ser que nuestra presencia estuviese motivada más por apoyar a Maragall que por los posibles beneficios para nuestra Comunidad. Es lógico que desde Aragón se responda y se tomen iniciativas políticas pero estas tienen que ser muy meditadas y limitarse a las relaciones institucionales bilaterales. El clima de crispación política en que vivimos es terreno abonado para la demagogia y sería lamentable que determinadas iniciativas, como la convocatoria de una manifestación, pudieran incrementar el anticatalanismo y a la confrontación entre comunidades. El victimismo no nos va a resolver ningún problema, aunque es posible que algún partido político tenga la tentación de liarse el cachirulo a la cabeza para conseguir un respaldo que de otra forma tendría difícil.

Físico

El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, envió ayer sendas cartas al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y al número dos del Vaticano, el cardenal Angelo Sodano. En ambas les transmite la preocupación por el cariz que ha tomado el conflicto denominado de los bienes de la Franja y les insta a que hagan todo lo posible para que el pleito se resuelva cuanto antes, cuando además hay varias resoluciones dictadas.

Iglesias envió estas cartas ante la petición efectuada por todos los grupos de las Cortes en la reunión que mantuvieron el pasado lunes y en la que decidieron, además del envío de estas misivas, suspender la participación aragonesa en la Eurorregión, algo que ya se ha hecho efectivo. En las cartas se expone que un conflicto únicamente eclesiástico está derivando hacia "un distanciamiento de carácter social" y a "enfrentamientos de carácter institucional". El presidente aragonés traslada además que los primeros síntomas de estas crisis se están empezando "a manifestar".

MÁS ESCRITOS Además de estas dos cartas, Iglesias se ha dirigido, asimismo, a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar; a la ministra de Cultura, Carmen Calvo; y al embajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, para que desde sus responsabilidades utilicen su capacidad diplomática para agilizar la entrega de las obras dictada por el máximo tribunal vaticano.

Asimismo, envió otra carta al Nuncio de la Santa Sede en España, Manuel Monteiro de Castro, en la que le comunica las gestiones que se han iniciado ante la Santa Sede. Esta es una carta protocolaria y de respeto, ya que el Nuncio es el interlocutor en España entre el Vaticano y las instituciones nacionales. Sin embargo, ante la indiferencia reiterada que ha mostrado Monteiro en este caso --al que ya se le enviaron cartas anteriores y con el que se han mantenido con frecuencia estériles conversaciones-- los grupos de las Cortes y el Pignatelli decidieron dirigirse directamente al Vaticano para que obligue al obispo de Lérida a cumplir las órdenes.

La carta a Zapatero se inicia con una exposición del litigio. Asimismo, le recuerda que la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega le puede describir "perfectamente" la situación: "Conoce a fondo el problema, tanto por su intensa formación jurídica en el ámbito canónico, como porque lo hemos tratado conjuntamente en diversas ocasiones".

Después, le indica que el "conflicto está comenzando a extenderse al ámbito institucional, con la aprobación de resoluciones parlamentarias contrarias al acatamiento de las sentencias de los tribunales, y amenaza con hacerlo también al ámbito social". Por ello, le pide que promueva "todas las gestiones diplomáticas" que contribuyan al final del pleito.

PROBLEMA ECLESIÁSTICO El principal causante de que el litigio por los bienes eclesiásticos esté suponiendo ya un problema de enfrentamiento de carácter social, es la Iglesia Católica, que no ha mostrado interés por hacer cumplir las órdenes al obispo de Lérida, Francisco Javier Ciuraneta. El prelado catalán se ha amparado en las instituciones civiles para no obedecer a su superior, lo que ha extendido el conflicto hasta el extremo actual.

Esa es una de las cuestiones que le recuerda iglesias a Sodano, secretario de Estado del Vaticano: "El obispo de Lérida mantiene una actitud resistente al cumplimiento de las decisiones de la Santa Sede, puesto que, por un lado solicita formalmente un permiso a las autoridades culturales catalanas para realizar la entrega, y, acto seguido, formula alegaciones para que ese permiso no sea concedido. La situación es que las decisiones de la Santa Sede permanecen, tras más de diez años, incumplidas".

Tras recordarle el respeto mantenido por la sociedad civil a las decisiones eclesiásticas le insta, de una vez por todas, a se resuelva la devolución de las piezas.

Ramón Miranda, alcalde de Graus y portavoz de los alcaldes del Aragón oriental que suscribieron un manifiesto en favor de la vuelta de los bienes, expuso ayer su malestar por las continuas trabas que se están poniendo desde Cataluña. "Empezamos a estar cansados y un poco hartos", dijo.

El político ribagorzano no dudó en calificar de "torpeza" la moción aprobada unánimemente por el Parlamento catalán el pasado viernes por medio de la cual se dificulta la salida de Cataluña de las 113 piezas reclamadas por la diócesis de Barbastro-Monzón. Según Miranda, que es el portavoz de los 24 alcaldes de municipios altoaragoneses con piezas en Lérida, "los políticos catalanes han llevado a la vía civil un conflicto privado, porque eso es lo que es este litigio eclesiástico".

RESPETO A LA MANIFESTACIÓN Miranda aseguró desconocer la intención del PAR y el PP de convocar una manifestación. Ante esto, "respeta esa propuesta", aunque afirmó no tener argumentos como para pronunciarse sobre ella. El alcalde de Graus --municipio al que pertenece casi la mitad de las piezas en litigio, según dijo Miranda-- confirmó que existe "el riesgo" de que se alimente un sentimiento anticatalanista, porque desde "la parte catalana no se han respetado las reglas del juego".

Este alcalde ha constatado que en los pueblos de la zona hay un malestar evidente porque este asunto se dilate tanto en el tiempo. En este sentido, también culpó a la jerarquía eclesiástica catalana, junto a los partidos nacionalistas de CiU y ERC. "La Iglesia debería contribuir a la paz social, pero en este caso, desde luego, no lo está haciendo".

Miranda apostó por las vías del diálogo, pues se reafirmó en las buenas relaciones históricas entre los vecinos, aunque volvió a ser contundente en que los bienes deben volver de inmediato.

PARTIDOS ARAGONESES IU criticó la "falta de lealtad" de PAR y PP al romper el consenso y reclamar una gran manifestación. Así, el portavoz de este partido en las Cortes, Adolfo Barrena, anunció ayer que esta formación no participará en ninguna movilización para reclamar los bienes de la franja que fomente la insolidaridad entre comunidades, aunque sí en una que reclamara "la ruptura de las relaciones con el Vaticano".

Por su parte, el presidente del PP de Aragón, Gustavo Alcalde, criticó la "penosa sumisión" del PSOE a Cataluña, que "la acabaremos pagando todos los aragoneses". En un comunicado recogido por Efe, Alcalde expresó su preocupación por "el nivel de injerencia que el nacionalismo catalán está mostrando ante los asuntos que son propios de los aragoneses". Mientras, el vicepresidente del Gobierno y presidente del PAR, José Ángel Biel, volvió a insistir ayer en la idea de la manifestación y en "refrigerar" las relaciones con Cataluña. CHA presenta hoy sus iniciativas ante la situación generada tras la moción catalana.

La DGA y los grupos políticos de las Cortes prefieren reservar el as del exaequatur en la partida por el arte sacro hasta que la Signatura Apostólica confirme, en principio este año, la orden de devolución de las obras que retiene Lérida. Este trámite judicial, habitual en la jurisdicción civil, permitiría que un juez ejecutara, en 40 días, la resolución del Vaticano. Con intervención de las fuerzas de seguridad si fuera menester.

Fuentes del Departamento de Cultura de la DGA lo descartaron "por ahora" para "no abrir otra vía" y "evitar interferir en el proceso eclesiástico". Por el momento, la consejería fía la resolución del conflicto a las gestiones políticas iniciadas por el presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, que ha reclamado por carta la intervención del presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, y del secretario de Estado del Vaticano, Ángelo Sodano.

El PSOE es el partido más reacio a esta vía. Su portavoz, Jesús Miguel Franco, señaló que, "en este caso, la decisión del tribunal eclesiástico, que es la Signatura Apostólica, es directamente aplicable a los dos obispos sin necesidad de reconocer por tanto su validez por el Estado español". "Con lo cual --apuntó-- esa figura no es necesaria".

El PP, no piensa lo mismo. Manuel Guedea, jurista en activo, se inclina por "esperar a que se pronuncie la Signatura para acabar con la vía eclesiástica antes de acudir a la civil". "Una vez que haya una resolución del Tribunal Supremo de la Santa Sede, será ejecutable", añadió.

El resto de partidos se pronunciaron en términos similares. Chesús Bernal (CHA) se inclinó por esperar a los resultados de las gestiones ante la Moncloa y Roma para, si no fructifican, "explorar la posibilidad del exaequatur y ejecutar la sentencia. Tendremos que abrir nuevas vías si se comprueba que el Vaticano y los gobiernos están de manos cruzadas". Javier Allué (PAR) indicó que el litigio "debería resolverse por la vía eclesiástica", aunque constató que "la Iglesia tendría que haberlo resuelto ya". "No vemos inconveniente en pedir el exaequatur pero con reservas, siempre que sea una medida eficaz", añadió. Adolfo Barrena (IU) dijo que "si es viable lo apoyaríamos, pero debería plantearlo el obispo de Barbastro-Monzón. No nos parece de recibo el silencio que está teniendo. Son bienes de la Iglesia y es un litigio entre diócesis".

TRÁMITE JUDICIAL El exaequatur tiene como objetivo convalidar sentencias extranjeras en los tribunales españoles para que tengan efectos jurídicos. Debe ser firme, por lo que algunos juristas opinan que podría solicitarse ya: el último recurso que mantiene vivo Lérida hace referencia al trámite de ejecución de la resolución de la Congregación de Obispos, no a la decisión en sí.

Puede pedirlo el ganador del pleito --en este caso solo podría hacerlo la Congregación-- o todo aquel a quien el incumplimiento le cause un perjuicio o le impida un beneficio: el obispado, las parroquias afectadas, la DGA e, incluso, las Cortes como representantes del pueblo aragonés, al que se impide el disfrute de los bienes. Los requisitos son sencillos: el solicitante, que debe residir en España, ha de personarse en la causa con procurador y abogado y aportar, junto con la demanda, una copia auténtica de la sentencia con la apostilla de La Haya y una traducción jurada. La sentencia debe ser firme y haber sido notificada al demandado.

Para poner en marcha el trámite ha de presentar la documentación en un juzgado de Primera Instancia. Sirven los de la plaza del Pilar o Barbastro.

El juez abre entonces un trámite de audiencia de diez días para el fiscal y la parte contra la que se dirija la demanda. Para emplazar al denunciado, el Obispado de Lérida, el magistrado debería tramitar un exhorto a través de la Audiencia Provincial de Lérida. El trámite sigue adelante, responda o no el obispo Ciuraneta, una vez se manifieste el Ministerio Público. A partir de ahí, el juez tiene un mes para resolver. Su decisión --la entrega de los bienes-- es inapelable en caso afirmativo pero puede volver a ser instada en caso negativo. Sería materializada por un juzgado leridano "por los cauces previstos para las demás decisiones judiciales pronunciadas en nuestro país", explican lo manuales de derecho.