F. SIMÓN La Plataforma No
Hablamos Catalán instaló ayer
una mesa informativa en la Plaza
del Pilar
Domingo, 21-09-08
El presidente aragonés y secretario
general del PSOE en esta Comunidad,
Marcelino Iglesias, no ceja en su empeño
de dar carta de naturaleza al catalán en
Aragón. Como adelantó ABC el pasado
martes, el anteproyecto de Ley aragonesa
de Educación contempla expresamente la
posibilidad de que el catalán sea
«lengua vehicular» en colegios e
institutos de las comarcas limítrofes
con Cataluña, las mismas que el
nacionalismo catalán llama «Franja de
Ponent» en su reivindicado territorio de
los «Países Catalanes». A la polémica
surgida tras revelarse el contenido del
anteproyecto de Ley de Educación se
suman las dudas de legalidad.
En el año 2001, un informe de la
Comisión Jurídica Asesora del Gobierno
aragonés -por entonces ya presidido por
Iglesias- advertía que «no es posible,
desde el punto de vista de la adecuación
a la constitucionalidad, regular
mediante una Ley de Cortes de Aragón la
oficialidad de unas lenguas distintas al
castellano». Y es que la declaración de
cooficialidad o el reconocimiento de
situaciones prácticas de cooficialidad
deben contar con el respaldo previo del
Estatuto de Autonomía, que no es una ley
ordinaria sino una ley orgánica. Y, como
tal, debe ser aprobada por las Cortes
Generales, no por un parlamento
regional.
Hace falta una ley orgánica
Aquel dictamen de la Comisión
Jurídica Asesora advertía que el
Estatuto de Autonomía entonces vigente
-como ocurre también con el actual, que
entró en vigor en abril de 2007- no
declaraba cooficial lengua distinta al
castellano. Y como no lo hacía, era
imposible hacerlo con una ley ordinaria.
Ni declarar la cooficialidad ni tampoco
establecer por ley «los efectos propios
de la cooficialidad». Uno de esos
«efectos propios de la cooficialidad» es
convertir en «vehicular» otra lengua
distinta del castellano. En suma, se
está intentando regular por ley
ordinaria de Cortes regionales
cuestiones que deben ser resueltas en un
nivel superior, una ley orgánica de
Cortes Generales.
El vigente Estatuto se limita a
establecer en su artículo 7, párrafo
segundo, una declaración cargada de
vaguedad: «Una Ley de Cortes de Aragón
establecerá las zonas de uso
predominante de las lenguas y
modalidades propias de Aragón, regulará
el régimen jurídico, los derechos de
utilización de los hablantes de esos
territorios, promoverá la protección,
recuperación, enseñanza, promoción y
difusión del patrimonio lingüístico de
Aragón, y favorecerá, en las zonas de
utilización predominante, el uso de las
lenguas propias en las relaciones de los
ciudadanos con las Administraciones
aragonesas».
Ni se habla de cooficialidad ni se
detallan cuáles son las lenguas y
modalidades lingüísticas propias.
Juristas consultados por ABC advierten
que esa vaguedad no puede ser
aprovechada para regular por ley
ordinaria una cooficalidad «de facto»,
en la práctica. De ser así, como ya
advirtió en 2001 la Comisión Jurídica
Asesora, se incurriría en una
inconstitucionalidad. Se estaría dando
lo que el sistema jurídico prevé como
vulneración de la reserva de ley
orgánica.
Pero Iglesias, catalano-parlante,
vuelve a insistir en dar carta de
naturaleza legal al uso del catalán en
parte de la región. El Aragón oriental
comprende a territorios de cinco
comarcas: La Litera, Ribagorza, Bajo
Cinca, Caspe y Matarraña. Unos 50.000
habitantes.
Mientras se sigue trabajando en el
borrador de la Ley de Lenguas, avanza en
paralelo el anteproyecto de Ley de la
Educación de Aragón. Se pretende cerrar
la ecuación de forma discreta: los
borradores sobre la Ley de Lenguas se
inclinan por identificar al catalán como
«lengua propia» de Aragón; y el
anteproyecto de Ley de Educación, sin
citar expresamente al catalán, habla de
permitir que las lenguas propias sean
«vehiculares» en las aulas de las
comarcas limítrofes con Cataluña.